Una condena y una orden de captura cursan contra Asdrúbal González, el exsecretario de Educación de Dosquebradas.
González, quien ofició en dicho cargo en la administración pasada de Uberney Marín, fue acusado hace poco por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Es así como el Tribunal Superior de Pereira revocó la sentencia absolutoria proferida en la primera instancia a favor del acusado y “en su lugar se condena en calidad de autor material responsable por la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la que se contrae el artículo 410 del Código Penal, cometida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el pliego de cargos”.
Asdrubal Gonzalez deberá afrontar una pena privativa de la libertad de 64 meses de prisión, y una multa de 66.66 salarios mínimos a favor del Consejo Superior de la Judicatura, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses.
Además se le niega al sentenciado “el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal; en consecuencia, se dispone librar la orden de captura para hace efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta”.
La sentencia que también ordena la captura de González, está firmada por los magistrados Jorge Arturo Castaño, Jairo Ernesto Escobar, Manuel Yarzagaray, con salvamento parcial de voto, y el secretario Juan Carlos Morales.
En el blog político: elblogdelministro.com, primero en divulgar la noticia, recuerda el caso y señala: “Asdrúbal firmó en el año 2006 un contrato de concesión de servicios educativos con la empresa Unión Temporal “Proyectamos Colombia” por 62 mil 834 millones 753 mil 571 pesos que a juicio del Tribunal Superior fue improvisado. Un ejemplo: la capacidad instalada en los 16 colegios existentes ascendía a 32.322 alumnos y los alumnos matriculados apenas llegaban a 29.761, con lo cual los cupos disponibles eran 2.561, lo que no justificaba la contratación de la educación con la empresa temporal, la que el Tribunal cataloga como una parodia estos entre otros argumentos”.
