En la noche del sábado 4 de julio, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a Julian Alberto Rodríguez Galvis, integrante del grupo anticorrupción del CTI de Pereira; al asesor Jurídico de la Alcaldía de Dosquebradas, Jorge Andrés Correa Valencia; a Héctor Mauricio Angee Villanueva, secretario de Deporte, Cultura y Recreación de Risaralda y a Óscar Andrés Herrera Orrego, secretario de Obras Públicas de Dosquebradas.
En la audiencia de garantías los detenidos no aceptaron los delitos de cohecho, prevaricato por acción, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público e incumplimiento de requisitos para la celebración de contratos.
No obstante, el juez les dictó medida de aseguramiento domiciliario a los cuatro investigados, quienes continúan en el proceso para definir su situación judicial.
Investigación
Los hechos iniciaron a mediados de abril del 2013, cuando una ingeniera de apellido Múnera, fue contactada por el Secretario de Obras Públicas de Dosquebradas para que se reuniera en su oficina ubicada en el segundo piso de la Alcaldía y en presencia del Secretario de Deporte, Cultura y Recreación de Risaralda le ofrecieron “montarle los fierros, con la experiencia que tenían en capacidad financiera, de una licitación para la construcción de unas canchas de fútbol en los barrios El Martillo, Guadalupe, Santiago Londoño, Campestre C y Guaduales de Dosquebradas, a cambio del 15 % del valor del contrato que correspondía a $ 1.343.840.282, acuerdo que la ingeniera aceptó”, indicó el fiscal.
El representante de la Fiscalía dijo que los interesados en que la ingeniera se ganara la licitación cometieron un grave error, ya que al parecer le habrían puesto al contrato un presupuesto superior al establecido para que la contratista (Múnera) saliera beneficiada, pero no contaban con que este documento no cumplía con el registro de Cámara y Comercio.
Según las investigaciones, la suma monetaria fue adulterada agregándole el dígito 1, al capital de trabajo que la ingeniera Múnera había puesto en el documento requerido para la licitación, ya que estaba en desventaja con otro proponente que sí cumplía con todos los requisitos de ley.
También se conoció que la contratista saldría bien librada una vez se cambiara el acta de la audiencia de licitación en la que se manifestaba que el otro proponente había ganado el concurso, y se ubicara además una causal distinta a la del capital de trabajo como justificación y de esa forma desaparecer la falsedad del documento.
Así las cosas, el Secretario de Obras Públicas y el Asesor Jurídico de Dosquebradas adulteraron el acta y el contrato fue adjudicado a Múnera. Los movimientos ilegales fueron entre noviembre y diciembre del año 2013.
En la diligencia judicial se supo que el integrante del grupo Anticorrupción del CTI de la Fiscalía, era quien entregaba información a los implicados sobre los diferentes allanamientos que se realizarían a las oficinas jurídicas del palacio municipal de Dosquebradas.
En una de las visitas iniciales, ya la Fiscalía había encontrado en el computador del asesor jurídico, el acta original de la audiencia de licitación, efectuada el 24 de junio del mismo año, por lo que se programaron allanamientos e interceptaciones telefónicas, procedimientos filtrados a los implicados en el presunto acto de corrupción.
Este medio conoció que todo se descubrió mediante un escrito anónimo que llegó a las instalaciones de la Fiscalía el 20 de noviembre del 2013 y desde ese momento se iniciaron las investigaciones que concluyeron con la detención de los funcionarios.
